Heredades de Herodoto

Juicio y libertad de la esclava Catalina

Juzgado de Provincia de Buenos Aires,

Virreinato del Río de la Plata,

Año 1797,

La estancia está preparada. Tanto el oidor como el escribano de cámara, con una visible actitud despreocupada, permanecen a la espera de la llegada de los litigantes. Lejos quedaban la inevitable algarabía y los continuos murmullos que impregnaban sonoramente los juicios orales en la plaza pública. Ahora se encontraban en una localización casi inexpugnable y, a su vez, rodeados de las sedes físicas de los poderes virreinales. El Juzgado Provincial compartía espacio con la flamante Real Audiencia del Virreinato del Río de la Plata, creada por un real decreto del monarca hispano Carlos III el día 25 de julio de 1782, siendo un brazo de ésta en lo que compete a las causas civiles en primera instancia. Se ubicaban en el Palacio Real del denominado Fuerte de Buenos Aires (también llamada Real Fortaleza de Don Juan Baltasar de Austria o Castillo de San Miguel Arcángel del Buen Ayre), junto a la residencia de virreyes, los despachos secretariales o salones de armas; en una fortificación que había resistido fulminantes ataques de piratas ingleses y holandeses o el propio imparable paso de dos siglos de historia colonial.

 

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El sonido de unos pasos apresurados, no por ello ausentes de cierto afán de dignificación, interrumpen la silenciosa calma de la sala y anuncian la llegada del primer litigante esperado.

            — ¿Don Juan Ignacio Elia? — inquiere acertadamente el escribano.

Antes de que el individuo recién llegado pudiese mediar cualquier tipo de respuesta, dos nuevos personajes se acercan decididamente a la escena. Sería incierto presentarlas como dos personas, ya que se vivían épocas en las que al menos jurídicamente no todo ser humano gozaba de dicha consideración. Un hombre de cuidada apariencia andaba y, al mismo tiempo, le susurraba al oído a su acompañante sus últimos consejos antes del comienzo de la causa. Frente a la sobria y homogénea vestimenta del primero, destacaban las largas enaguas de algodón grueso, el jubón sin mangas de color vivo y el pañuelo que cubría el cabello de la litigante. Su mirada, tensa a la par que segura, se fijaba en el otro litigante.

 

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Patio Porteño en 1850. Priliano Pueyrredón

      —No es necesaria una presentación —interrumpe el juez tras observar detenidamente a los litigantes—, más bien apresurémonos por resolver esta apelación.

Tras registrar la asistencia ante escribano y resolver los últimos flecos necesarios para el inicio del juicio, se procede a la lectura introductoria del título de la causa. Éste era directo y aclarador: “Catalina Antonia Escobar pretendiendo su libertad”. No obstante, ya sea de manera inconsciente o quizás demasiado consciente de que Catalina no tenía la misma condición social que el resto de asistentes, el escribano no cesaría de insistir en el estatus de esclava y mulata de la litigante a lo largo de la memoria judicial escrita. La negritud, pardeza, mulatez o blancura escondían muchas connotaciones en una sociedad colonial de castas y era determinante en la variación de precios en el mercado esclavista.

Al comienzo del juicio, toda la atención se centra en la esclava Catalina. El derecho castellano precedente siempre había amparado la potestad del amo, denegado los derechos de los esclavos a participar en los juicios y, básicamente, superpuesto los intereses de los libres sobre los serviles. Sin embargo, a finales del siglo XVIII ya se habían extendido los llamados “códigos negreros” que abogaban por el buen trato y la dualidad de derechos y obligaciones de la población esclava, amparado en la nueva filosofía política del reformismo ilustrado.  Catalina, se sobrepone a las miradas denigrantes y desmanes indignados que le rodean, siendo capaz de llevar a cabo su importante declaración.

La esclava mulata describió que su anterior ama, Doña María Antonia Escobar (era común que los amos cedieran su apellido a los esclavos bautizados) declaró en su testamento que al morir cedería a dicha esclava a Doña Inés Escobar hasta que Catalina fuera liberada al contraer matrimonio. Sin embargo, la susodicha Inés falleció antes que la propia María, por lo que decidió vender a la esclava a su actual ama, María Francisca Cabrera. La pretensión de la valerosa Catalina es, tras la muerte de su primera ama, poder disfrutar de los beneficios testamentarios prometidos y comprar su libertad ansiada.

 

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Portada del documento original. Archivo Histórico Provincial de Buenos Aires de “Ricardo Levene”

¿Y qué papel juega el antes nombrado Don Juan Ignacio Elia? No ha sido ni es el amo de Catalina, pero se da la circunstancia de que es elegido albacea o encargado de llevar a buen puerto el testamento de la primera dueña de la esclava. Empero, no está dispuesto a ceder ante las peticiones de la solicitante. Para más inri, ante la falta de argumentos que inhabiliten la justa causa de Catalina, el albacea se dedica a desacreditar a la denunciante basándose en cuestiones burocráticas y nimias.

              —La demandante y esclava Catalina no goza de privilegio notorio —afirma el denunciado—, no ha presentado el permiso de su ama para acudir a juicio ni el testamento y codicilo al que se refiere en papel debidamente sellado.

               —En la última vista alegué que, por mi miserable pobreza, he sido incapaz de entregar la documentación debidamente sellada —interrumpe la esclava a modo de aclaración.

                —Su propuesta no sólo está infundada en una falta de documentos insostenible de documentación, sino en una denuncia sin firma de algún letrado y en la inexistencia de un papel oficial que demuestre su pobreza —apostilla el acusado elevando su tono de voz por encima de su rival.

La estrategia planeada por Elia parecía surtir efecto. A pesar de que la denunciante, a base de grandes esfuerzos, trataba de entregar la documentación requerida en los próximos autos, el denunciado entorpecía el proceso y alargaba cada vez más la causa. Él era consciente del gasto que le suponía a Catalina y del desgaste que era capaz de producir. A pesar de todo esto, la causa pega un vuelco inesperado ante la aparición de un agente determinante: los llamados defensores de pobres.

 

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Ana María Zapata de Barry (2013). El defensor de pobres como defensor de esclavos (1722-1839). Bahía Blanca.

El cargo de defensor de pobres nace en el primer cuarto del siglo XVIII, significando una defensa judicial gratuita a los individuos con pocos recursos. En líneas generales, no ofrecía retribución alguna a los seleccionados (elegidos por las autoridades políticas), quienes además debían pagar de su bolsillo ciertos gastos de los procesos. Por consiguiente, el cargo era ocupado ocasionalmente por personajes sin toda la titulación necesaria para ser letrados. Y es interesante señalar que, a lo largo de la alternancia de poder político bonaerense, son dotados de más o menos recursos y de más o menos competencias.

              —El albacea desde el principio de la demanda se ha propuesto dilatar la causa, ya nadie pide el permiso del amo para escuchar al esclavo. Todos sabemos que los esclavos son pobres y miserables más que los de solemnidad, ya que ni siquiera tienen la libertad de acumular bienes. Quizás en los libres sería necesaria una declaratoria de pobreza, pero en los esclavos no, ellos cargan con la miseria de la esclavitud como sello —concluye el defensor de pobres desafiante.

Estas palabras certeras no fueron recibidas de igual forma por los oyentes. Catalina asentía y se atrevía a imaginar una vida sin la losa de la servidumbre, sin poder olvidar los avatares que había enfrentado en el camino. El albacea Elia se mantenía impasible ante una narración que no encajaba en su concepción del mundo, pero era consciente de que su plan de defensa se había derrumbado. Por otro lado, el escribano de cámara continuaba reproduciendo en el papel todo lo acontecido de manera autómata, pero estas últimas palabras tan impactantes habían desestabilizado casi imperceptiblemente la perfecta caligrafía de todo un profesional experimentado como él.  En lo que respecta al oidor, había tomado una resolución final y, como dice el refranero, “el pescado estaba vendido”.

La defensa efectuada por el susodicho defensor de pobres y menores se puede considerar simplemente un discurso brillante y habilidoso por parte de un letrado, pero sólo sería atender a la punta del iceberg. Realmente, a finales del siglo XVIII hay un germen importante de argumentos, razonamientos y visiones antiesclavistas o, al menos, críticas con la institución que tendrán como resultado los procesos de abolicionismo posteriores, En el caso del incipiente estado argentino, la revolución contra el dominio español acelera el proceso de consecución de libertades nacionales, entre ellas la plena libertad de todos los ciudadanos del nuevo estado nacional. No será un proceso siempre ascendente, ya que se confrontará la libertad de propiedad de los amos con la libertad humana de no ser siervo de otro, dando lugar a un “tira y afloja” continuo.

En el caso de Catalina, desde el 6 de febrero de 1798, contó con una resolución y un veredicto a su favor, lo que sin duda le ayudaría a conseguir su preciada libertad, obviamente negociada con su última ama. Ya no sólo significa una liberación personal, sino que su descendencia, al nacer de madre libre, podrá al fin evitar la miserable e injustificable esclavitud.

 

BIBLIOGRAFÍA

  • Ana María Zapata de Barry (2013). El defensor de pobres como defensor de esclavos (1722-1839). Bahía Blanca
  • Andrés Eduardo Yañez (2013). “La vestimenta de los esclavos en el Buenos Aires posrevolucionario: un análisis a través de los avisos de fugas y extravíos publicados en La Gaceta Mercantil de Buenos Aires (1823-1831)”. Anuario del Instituto de Historia Argentina. Nº 13
  • Archivo del Tribunal de la Real Audiencia y Cámara de Apelaciones de Buenos Aires (Archivo Histórico Provincial de Buenos Aires de “Ricardo Levene”). Civil Provincial. Legajo Nº 14. Escobar Catalina, mulata esclava de María Antonia Escobar con su albacea Juan Ignacio Elía. Pretendiendo su libertad. 1797. 5.1.14.11
  • José M. Mariluz Urquijo (1974). La Real Audiencia de Buenos Aires y el Juzgado de Provincia. Academia Nacional de la Historia. Caracas

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